Mirian reclama a Yeni respetar debido proceso
Al margen de la foto publicitaria que circula en algunos autobuses de “Miriam y Yeni”, lo cierto es que la Procuradora General de la República, algo nunca visto, enfrenta una insubordinación en toda regla en el Ministerio Público a la luz de la negativa de la segunda a cumplir una instrucción especial dictada por la primera mediante oficio de fecha 18 de marzo del 2022.
German Brito, ante una solicitud de los abogados del exministro Donald Guerrero de tener acceso al expediente que se le instrumenta, para ejercer su derecho constitucional a la defensa, ORDENO, instruyó conforme disponen los artículos 9, 24 y 30.9 de la Ley orgánica del Ministerio Público, “dar acceso a la carpeta fiscal de investigación cursada en su contra”.
Su Adjunta, en un hecho insólito, le desacato negándolo mediante Oficio de fecha 24 de abril del 2022 que la titular de la Procuraduría notificó mediante Acto-2022 de fecha 19 de julio del 2022 a los abogados del solicitante.
Considerando que la titular con una carrera de Jueza de más de 40 años, que conoce la materia penal mejor que cualquiera, fue designada por su honestidad, pero, sobre todo, como ha expresado el presidente Abinader, por haber sido una juez garantista, esta insubordinación representa un serio fracaso y revela fisuras importantes en la unidad de la política de persecución criminal relacionada con el derecho de defensa y el debido proceso.
La titular de la Procuraduría ha dictado una instrucción particular que no es más que un acto administrativo formal y por tanto ejecutorio en contra del cual, si bien puede plantearse un recurso de reconsideración conforme a la Ley 107-13, derogatoria de toda disposición legal anterior como es la Ley 133-11, este no es suspensivo de cumplimiento de la orden contenida en el acto y, no habiendo sido revocado, conforme al principio constitucional y legal de jerarquía, ha debido ser acatado, ejecutado o cumplido.
La persecución penal, sobre todo en la etapa administrativa de la investigación, no está exente del cumplimiento de la Constitución y de la Ley como ha venido siendo denunciado y es evidente que viene ocurriendo en diversos procesos, lo que indica un fracaso de la gestión de la actual Procuradora General de la República, cuyas órdenes escritas, protectoras de los derechos de las personas, no se cumplen.
Conforme al principio de jerarquía establecido en el artículo 138 y 170 de la Constitución y, en las leyes 133-11, 41-08 y 107-13, la Procuradora German ha debido – aunque no hace falta – confirmar su instrucción y garantizar el derecho a la defensa, puesto que la investigación preliminar no es eterna y, surgida esta de un Informe de Auditoría de la Contraloría que, los auditores actuantes dijeron que era de trámite y el órgano, la Contraloría, lo confirmó, sin que haya sido negado, lleva once (11) meses.
El PEPCA lleva todo ese tiempo persiguiendo a ciudadanos con un borrador cuyo apoderamiento irregular no ha podido probar porque el Contralor niega haberlo visto, firmado o tramitado y la Titular de la Procuraduría, que ante esa denuncia de la Contraloría ha debido ordenar una investigación, no lo hace nada, quizás por temor a que su orden sea desacatada.
En cualquier otro país ante esta insubordinación que plantea puntos de contradicción fundamentales en la protección a derechos fundamentales, el presidente de la República debería decidir quedarse con Mirian o con Yeni, ambas designadas por decreto: Una de las dos, pues el fracaso de la Dra. German es su fracaso y el de todos.
Otro escandalo
En un hecho sin precedentes la Procuradora General, Miriam German suspendió en funciones al Inspector General José Medina, encargado de los equipos e intercesión de la entidad entre otras funciones por espiar al Procurador General Pedro Amador y de inmediato convocó al Consejo del Ministerio Publico para la desvinculación, empero, según se supo las fuerzas contrarias boicotearon la reunión del Consejo.
La Titular no controla la matricula del Consejo compuesto por ella, su Adjunto Espiñeira Ceballos, el Procurador de Corte Jonathan Baro, la Procuradora Fiscal María Díaz Henríquez y el Fiscalizador José Gabriel Ferreira, estos tres últimos seguidores de la Procuradora General Adjunta, Yeni Berenice.
