Pochy Familia responde a Contrataciones Públicas: «Cada artista que tomó de ahí un dinero lo pagó»

 Pochy Familia responde a Contrataciones Públicas: «Cada artista que tomó de ahí un dinero lo pagó»

Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, fue contundente cuando durante el Diálogo Libre aseguró que los artistas que recibieron hace un año dinero público a través del Gabinete de Política Social, deberán devolver ellos ese dinero.

“El proceso de lesividad lo que busca es que los artistas devuelvan el dinero”, dijo al ser cuestionado por periodistas de Diario Libre.

“Si hay una decisión de un tribunal, tienen que devolverlo, eso no es si ellos quieren”, agrega Pimentel.

era la naturaleza en sí con la que se había desarrollado», reiteró.

«Todas esas actividades se pagaron. Yo pagué más nóminas que las actividades que toqué y lo puedo demostrar. Yo toqué 5 actividades y pagué 8 nóminas para ayudar a los músicos, que recibieron algo más que el dinero que reciben de forma normal, todas las actividades las pagué, todas», aclaró.

Cuestionó lo siguiente: «Cuando me hablan de ayuda o un regalo, lo niego, porque desde ahí el término está mal. Si desde Administración Pública no se llenaron los requerimientos de lugar y las formalidades que conllevan la erogación de ese dinero, el artista no es el culpable. No estoy diciendo que estuvo mal, es simplemente una falta de coordinación».

Sobre lo expresado por Carlos Pimentel de que los artistas deben devolver ese dinero, Familia le respondió: «Hay algo ahí que no está armónicamente sonando bien, porque o la persona que dijo eso no tiene la información correcta de lo que pasó o tiene un interés de hacer un morbo con los artistas en esta temporada… Cada artista que tomó de ahí un dinero lo pagó, ya sea con presentaciones en televisión, con un espectáculo bellísimo que se hizo para el 31 de diciembre a cargo de la producción de Robertico (Roberto Ángel) Salcedo, ya sea tocando en actividades que se firmaron en Sambil y pasaron el 24 de diciembre con el grupo completo», aseguró.

Y concluyó: «Me gustaría que eso se aclarara porque si no nosotros los artistas vamos a hacer una rueda de prensa para darle una explicación a los periodistas y a la opinión público porque realmente nosotros necesitamos aclarar esta situación desde el punto de vista de los artistas».

Fue a mediados del mes de diciembre del 2020 y en pleno apogeo de la pandemia del coronavirus COVID-19, cuando varios artistas criollos recibieron un aliciente por parte del Gobierno, debido a la falta de actividades por el cierre de los escenarios y centros nocturnos.

En total fueron distribuidos 100 millones de pesos, luego que el Gabinete de Política Social del Gobierno, coordinado por Francisco Antonio Peña Guaba, anunció la contratación de 70 artistas que protagonizarían conciertos que serían transmitidos por televisión y en plataformas digitales.

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que con la entrega de 100 millones de pesos a los artistas la intención era ayudar a una clase que necesitaba auxilio. “Lo importante es entender qué originó esto y cuál es la intención. La intención es ayudar a una clase que necesita de auxilio, igual que necesitan otras y que el Gobierno ha ido dando respuesta y, de forma muy puntual, ha intentado dar un auxilio. Ese es el propósito de esta colaboración”, dijo Paliza.

Sin embargo, la mayoría vio este gesto como un derroche innecesario en tiempos de una crisis sanitaria como la que vivía el país hace unos meses.

“Ya no hay forma de devolverlo, no hay nada que hacer, ya yo lo repartí”, señaló uno de los artistas que recibió el dinero. Al final dieron por “regalados” los 100 millones a los artistas.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) inició una investigación sobre la contratación de los artistas, notando irregularidades en el proceso.

“Al verificar en el Portal Transaccional para identificar el cumplimiento de los mínimos exigidos, pudimos constatar que las citadas contrataciones no fueron gestionadas a través de esta plataforma, contrario al principio de transparencia y publicidad y al artículo 6 del Decreto Núm. 350-17, aun cuando el Gabinete de Política Social tenía la obligación legal de ajustar dichas contrataciones a la normativa”. Y pidió que se rinda un informe justificativo. Peña Guaba aseguró que los acuerdos cumplían con la Ley de Compras y Contrataciones, pero no se publicó en el portal a tiempo.

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