El presupuesto complementario y la ética de la política pública

 El presupuesto complementario y la ética de la política pública

A diferencia de una empresa, orientada a obtener ganancias, el Estado es una institución política grande y compleja, orientada a mejorar la vida de las personas y a fortalecer las instituciones y mecanismos que garantizan el ejercicio de derechos y deberes. Así, por ejemplo, mientras para una empresa gastar en planes especiales para su personal enfermo representa una carga, para un Estado representa un deber. De ahí el título de un famoso artículo de Paul Krugman, publicado en el mes de febrero de 1996 en la revista Harvard Business ReviewUn país no es una compañía.

En ese artículo Krugman se enfrenta a una idea extendida en el imaginario neoliberal que domina el mundo actual, a saber, la suposición de que una persona que haya triunfado en el medio empresarial será un buen estadista. Krugman muestra lo contrario: quien está acostumbrado a moverse en equilibrios financieros corporativos tiene serios problemas para comprender el difícil arte de manejar las finanzas públicas en consonancia con planes de desarrollo.

En un Estado, el presupuesto nacional ha de estar en función de un plan de políticas públicas, el cual, a su vez, ha de reflejar las demandas del conjunto de la sociedad con sus consensos y disensos. En este sentido, un presupuesto nacional se alinea con la voluntad popular, aun cuando a un economista especialista en equilibrios financieros empresariales le parezca, desde su lógica utilitarista, una auténtica locura.

El presupuesto público es además una herramienta fundamental para racionalizar la toma de decisiones de los gobiernos. Solo un presupuesto bien pensado y razonablemente ejecutado podrá traducir a la práctica programas de gobierno que responden a la voluntad popular y a planes de desarrollo articulados en acciones ordenadas y metas concretas. Sirve al mismo tiempo como un muro de contención a la discrecionalidad.

Un presupuesto nacional bien pensando y razonablemente ejecutado acaba impulsando y propiciando la satisfacción de las necesidades básicas de la población, la seguridad pública en sentido amplio y el desarrollo de los territorios. Por esta razón, quienes toman decisiones sobre los presupuestos nacionales no pueden olvidar los principios básicos de ética de las políticas públicas.

Este lunes 5 de septiembre las cámaras recibirán al Director General de Presupuesto, José Rijo, quien explicará a los legisladores el “Proyecto que modifica la Ley núm. 345-21 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2022”, propuesto por el poder ejecutivo. 

Se trata del conocido popularmente como “Presupuesto complementario”. Este nombre se presta a muchas confusiones. Importa sobre todo señalar la principal confusión ética que genera: la idea de que los gobiernos pueden disponer indiscriminadamente de los dineros públicos en los meses finales de cada año para cubrir los errores de eficiencia en la ejecución presupuestaria de las diversas instancias del Estado.

El recurso a transferencias de una institución a otra compromete seriamente el pacto social implícito en políticas públicas bien pensadas. Igualmente afecta la propuesta de desarrollo que sustenta y traduce estas políticas públicas. Preocupa que en esta propuesta de presupuesto se quiten asignaciones de fondos al Ministerio de Educación (4250 millones), al Ministerio de Trabajo (1049 millones) y al Ministerio de Obras Públicas (3242 millones). Porque, una de dos: o estas asignaciones no estuvieron bien pensadas o no estuvieron bien ejecutadas.

Ahora bien, ni una razón ni la otra deben llevar a pensar que se pueda disponer de esos dineros, aun cuando se diga que son para subsidios sociales. Los especialistas en gestión presupuestaria estatal saben que existen diversas vías para conseguir financiamiento sin afectar la lógica de las políticas públicas. 

Estos cambios de asignación de fondos resultan preocupantes por dos razones éticas: por el mensaje que envían y por el precedente que crean. Los correctivos a un presupuesto mal pensado o mal ejecutado deben implementarse de otro modo, sobre todo pensando en el futuro y en la continuidad del Estado.

De las apropiaciones de fondos propuestas por el Proyecto de modificación del presupuesto nacional de este año resulta especialmente escandalosa y preocupante la disminución del presupuesto de educación. En la lógica meramente empresarial, 4250 millones de pesos de un presupuesto de 231 mil millones no es contablemente significativo, pues representa un 1.8% del total. Pero política e institucionalmente sí representa mucho. 

Con esa reducción, el gobierno dejaría de cumplir lo que se comprometió con el pueblo dominicano: no bajar la asignación de un 4% del PBI a educación preuniversitaria. Además, violaría la Constitución que establece este monto e ignoraría el Pacto Educativo que forma parte de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y que en estas últimas semanas está siendo reactivado gracias a la acción de un grupo de ciudadanos comprometidos con la educación del país. 

El Artículo 63, numeral 10 de la Constitución dice expresamente: La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión. En ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas.

Para más inri, esta reducción se hace en el momento en que muchas comunidades demandan mejoría en planteles escolares, muchos niños no pueden inscribirse por faltas de aulas y cientos de estudiantes con condiciones especiales no cuentan con profesores especializados para atenderlos; tampoco se puede desconocer que este recorte presupuestario resta margen de maniobra y legitimidad a un recién nombrado ministro que ha entrado con buen pie a realizar urgentes ajustes en el Ministerio de Educación.

La propuesta actual de modificación del presupuesto dispara una alarma de alerta a toda la sociedad dominicana para que se plantee con más profundidad la pregunta por el Estado social de derecho que quiere y la institucionalidad que lo pueda hacer realidad.

El tema debe ser repensado, para bien del país y de la institucionalidad, en un gobierno que ha dado demostraciones de ser respetuoso de la institucionalidad y de la ley

tomado de Acento

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